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¿Cómo se regulan los procedimientos de divorcio en Ecuador?
Los procedimientos de divorcio en Ecuador se rigen por el Código Civil. Se pueden presentar demandas de divorcio por mutuo acuerdo o por causales específicas. El proceso incluye la presentación de la demanda, audiencias judiciales y la emisión de la sentencia de divorcio por parte del juez.
¿Cómo se manejan las depreciaciones de activos fijos en el cálculo del Impuesto a la Renta?
Las empresas pueden depreciar sus activos fijos anualmente, lo que afecta el cálculo del Impuesto a la Renta. Conocer las tasas de depreciación y métodos permitidos es crucial para optimizar las obligaciones fiscales.
¿Cómo se abordan los casos de deudores alimentarios que viven en la pobreza extrema en Ecuador?
En casos de deudores alimentarios en extrema pobreza, el tribunal puede ajustar la cuantía de la pensión alimenticia de acuerdo con la capacidad económica del deudor. Además, el Estado puede brindar apoyo a través de programas sociales para garantizar el bienestar de los beneficiarios.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes para personas que han sido rehabilitadas después de cumplir condenas en Ecuador?
Las verificaciones de antecedentes para personas que han sido rehabilitadas después de cumplir condenas en Ecuador pueden considerar positivamente los esfuerzos de rehabilitación y cambio de comportamiento. La participación en programas de reinserción social puede ser un factor relevante.
¿Cómo se gravan los ingresos generados por la prestación de servicios profesionales en Ecuador?
Los ingresos por servicios profesionales están sujetos al Impuesto a la Renta. Conocer las tasas aplicables y las reglas para deducciones permitidas es crucial para el cumplimiento tributario.
¿Cómo se resuelven los casos de desalojo por falta de pago en el sistema judicial ecuatoriano?
Los casos de desalojo por falta de pago se resuelven a través de acciones judiciales específicas, como el desahucio. El arrendador puede presentar una demanda ante el juez competente, y el proceso implica la evaluación de pruebas, el derecho de defensa del arrendatario y la emisión de una sentencia que determine la desocupación del inmueble.
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