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¿Cuál es la vigencia de la cédula de identidad en Ecuador?
La cédula de identidad en Ecuador tiene una vigencia de 10 años. Después de este período, es necesario renovarla para mantenerla actualizada.
¿Es obligatorio llevar la cédula de identidad al votar en Ecuador?
Sí, es obligatorio presentar la cédula de identidad al momento de votar en Ecuador. Este documento es necesario para verificar la identidad del votante y garantizar la transparencia del proceso electoral.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras en Ecuador respecto a las PEP?
Las instituciones financieras en Ecuador tienen la responsabilidad de llevar a cabo debidas diligencias mejoradas al tratar con clientes que sean PEP. Esto implica un escrutinio más detallado de las transacciones y la presentación de informes a las autoridades competentes.
¿Cómo se realiza el cambio de información en la cédula de identidad de un ciudadano ecuatoriano que ha adoptado a un menor de edad?
Después de una adopción, el cambio de información en la cédula de identidad de un ciudadano ecuatoriano que ha adoptado a un menor de edad se gestiona en el Registro Civil. Se deben presentar documentos legales que respalden la adopción, como la sentencia judicial, y seguir los procedimientos establecidos para actualizar la información en el documento.
¿Cómo se aborda la corrupción en contratos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales en Ecuador?
La corrupción en contratos relacionados con la exploración y explotación de recursos naturales en Ecuador se aborda mediante la implementación de mecanismos de transparencia, la vigilancia de organismos especializados, y la promoción de la participación ciudadana en la supervisión de proyectos. Estas medidas buscan prevenir prácticas corruptas y garantizar una gestión ética de los recursos naturales.
¿Hay diferencias en las sanciones aplicables a contratistas del sector público y privado en Ecuador?
Las sanciones aplicables a contratistas en Ecuador pueden variar según el sector, pero en general, las leyes y regulaciones buscan garantizar un trato equitativo. Tanto los contratistas del sector público como del privado pueden enfrentar sanciones similares por violaciones éticas, incumplimientos contractuales u otras prácticas ilícitas.
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