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¿Cuáles son las penas por el delito de difusión no consensuada de material íntimo en Ecuador?
La difusión no consensuada de material íntimo, conocida como "pornografía de venganza", está penalizada en Ecuador con sanciones para proteger la privacidad de las personas.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador consideran el historial de votación del individuo?
El historial de votación generalmente no es un componente central en las verificaciones de antecedentes en Ecuador. La privacidad del voto se respeta, y la participación en actividades cívicas, como votar, no suele ser evaluada en el contexto de las verificaciones de antecedentes.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre deudas financieras o quiebras?
Por lo general, las verificaciones de antecedentes en Ecuador se centran en antecedentes penales y no incluyen información detallada sobre deudas financieras o quiebras. Sin embargo, algunas empresas pueden realizar verificaciones crediticias por separado.
¿Cómo se castiga el secuestro en Ecuador?
El secuestro en Ecuador conlleva penas de prisión de 22 a 26 años, y en casos graves, puede llegar a la cadena perpetua.
¿Cómo se aborda la ética en la contratación de servicios de ingeniería ambiental para proyectos de gestión de residuos en Ecuador?
La ética en la contratación de servicios de ingeniería ambiental para proyectos de gestión de residuos en Ecuador se aborda mediante la revisión de la experiencia y certificaciones de los ingenieros ambientales, la aplicación de prácticas sostenibles en la gestión de residuos y la evaluación de la eficacia de proyectos anteriores. Los contratistas deben comprometerse con la preservación del medio ambiente y la gestión ética de residuos.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas se aborda mediante acciones judiciales específicas y reconocimiento constitucional. Las organizaciones indígenas y sus miembros pueden presentar demandas para la defensa de sus derechos territoriales, culturales y participación política, buscando la protección y reconocimiento en el ámbito judicial.
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