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¿Cómo se define legalmente el término "deudor alimentario" en el contexto ecuatoriano?
El término "deudor alimentario" en Ecuador se refiere a una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos a otra, generalmente a sus hijos o cónyuge, y que ha incumplido con esta obligación.
¿Cuál es la diferencia entre la pensión alimenticia provisional y la definitiva en Ecuador?
La pensión alimenticia provisional se otorga durante los procedimientos legales y puede ajustarse al final del proceso, mientras que la definitiva es establecida como resultado final del caso. La provisional busca cubrir las necesidades inmediatas durante el litigio, y la definitiva se fija considerando más detalladamente la situación de las partes.
¿Cuál es la legislación en relación con el delito de fraude científico en Ecuador?
Ecuador tiene leyes que abordan el fraude científico, con medidas que buscan preservar la integridad de la investigación y la honestidad en el ámbito académico y científico.
¿Cuál es el papel del cumplimiento normativo en la gestión de la propiedad intelectual para empresas ecuatorianas?
El cumplimiento normativo en la gestión de la propiedad intelectual implica respetar derechos de autor, patentes y marcas registradas. Las empresas deben seguir regulaciones que protejan la propiedad intelectual y cumplir con estándares éticos en la innovación y comercialización de productos.
¿Cuál es la función de la Defensoría Pública en los procesos judiciales ecuatorianos?
La Defensoría Pública en Ecuador tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia para personas que no pueden costear representación legal. Proporciona asesoramiento, defensa y representación gratuita a aquellos que lo necesitan en diversos procesos judiciales.
¿Cómo se fomenta la colaboración entre el sector privado y el público para fortalecer la prevención del lavado de activos en Ecuador?
Ecuador promueve la colaboración entre el sector privado y público mediante la creación de plataformas de diálogo y cooperación. Se llevan a cabo mesas de trabajo conjunto, se comparten mejores prácticas y se establecen canales de comunicación para garantizar una respuesta coordinada y eficiente ante posibles casos de lavado de activos.
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