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¿Cuáles son los sectores específicos que se consideran de alto riesgo para las PEP en Ecuador?
En Ecuador, los sectores de construcción, contratación pública y concesiones son considerados de alto riesgo para la corrupción relacionada con las PEP. Las instituciones financieras deben prestar especial atención a transacciones en estos sectores.
¿Cómo se resuelven las disputas laborales de manera alternativa en Ecuador?
Además de la vía judicial, las disputas laborales en Ecuador pueden resolverse a través de métodos alternativos como la mediación y el arbitraje, ofreciendo a las partes una solución más rápida y menos costosa.
¿Cómo afectan los antecedentes penales a la obtención de seguros en Ecuador?
Los antecedentes penales pueden afectar la obtención de seguros en Ecuador, especialmente en el caso de seguros que requieren evaluaciones de riesgo más detalladas. Las compañías de seguros pueden revisar los antecedentes para evaluar la probabilidad de reclamaciones futuras.
¿Cómo se gestionan las obligaciones de entrega y recepción en contratos de venta internacional con Ecuador como parte?
La gestión de las obligaciones de entrega y recepción en contratos internacionales es esencial. En Ecuador, se pueden especificar términos Incoterms para definir claramente las responsabilidades de cada parte en cuanto a costos, riesgos y logística. Detallar estas cláusulas facilita la comprensión y ejecución eficiente de las obligaciones relacionadas con la entrega de bienes.
¿Las verificaciones de antecedentes en Ecuador incluyen información sobre infracciones de tráfico?
Por lo general, las verificaciones de antecedentes en Ecuador se centran en antecedentes penales y no incluyen información detallada sobre infracciones de tráfico. Sin embargo, ciertos trabajos que involucran conducción pueden requerir una revisión específica del historial de tráfico.
¿Cuál es el procedimiento para la protección de derechos de las personas con discapacidad en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de las personas con discapacidad se aborda mediante acciones judiciales específicas y está respaldada por la Ley Orgánica de Discapacidades. Las personas con discapacidad o sus representantes pueden presentar denuncias por discriminación o violación de sus derechos, buscando la protección y garantía de su inclusión en la sociedad.
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