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¿Cuál es la penalización por el delito de falsificación de documentos en Ecuador?
La falsificación de documentos en Ecuador puede resultar en penas de prisión y multas, dependiendo de la naturaleza del delito.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo a las transacciones electrónicas y al comercio electrónico en Ecuador?
El cumplimiento normativo en el ámbito digital implica garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas, proteger la privacidad de los usuarios y cumplir con las leyes de comercio electrónico y protección al consumidor.
¿Cómo se trata el delito de colusión en contrataciones públicas en Ecuador?
La colusión en contrataciones públicas está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan prevenir prácticas fraudulentas y garantizar la transparencia en los procesos de adquisiciones del Estado.
¿Cómo impacta el compliance en la gestión de datos personales en Ecuador?
Ecuador cuenta con una normativa específica para la protección de datos personales, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Las empresas deben asegurarse de cumplir con los principios de consentimiento, finalidad, proporcionalidad y seguridad en el manejo de datos personales. Implementar políticas claras de privacidad, realizar evaluaciones de impacto en la privacidad y garantizar la seguridad de la información son pasos esenciales para cumplir con las disposiciones de esta ley y evitar sanciones.
¿Cómo se coordina la información sobre PEP entre las instituciones gubernamentales y financieras en Ecuador?
La coordinación de información sobre PEP en Ecuador se logra a través de la colaboración entre instituciones gubernamentales y financieras. Se establecen protocolos para el intercambio de información, y la tecnología desempeña un papel clave al facilitar la comunicación segura y eficiente entre estas entidades, asegurando así una respuesta unificada y eficaz frente a actividades sospechosas.
¿Cómo se define a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) en la legislación ecuatoriana?
En la legislación ecuatoriana, una PEP se define como aquella persona que desempeña funciones públicas destacadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales, legisladores y jueces. Estos están sujetos a un mayor riesgo de corrupción.
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