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¿Cómo se aborda el delito de obstrucción a la justicia en Ecuador?
La obstrucción a la justicia está penalizada en Ecuador, con medidas que buscan garantizar el funcionamiento adecuado del sistema judicial y la imparcialidad en los procesos legales.
¿Cómo se lleva a cabo la impugnación de decisiones administrativas en el ámbito judicial en Ecuador?
La impugnación de decisiones administrativas se realiza a través de acciones contencioso-administrativas. Las partes afectadas pueden presentar demandas ante los tribunales, argumentando la ilegalidad o arbitrariedad de las decisiones tomadas por entidades gubernamentales.
¿Cómo afecta la Ley de Plusvalía a los contratos de arrendamiento en Ecuador?
La Ley de Plusvalía en Ecuador grava las ganancias generadas por la venta de bienes raíces. Aunque no afecta directamente los contratos de arrendamiento, es importante considerar las implicaciones fiscales al vender un bien arrendado. Las partes deben estar informadas sobre las obligaciones fiscales asociadas a la plusvalía.
¿Cuál es el procedimiento para la impugnación de actos administrativos en el sistema judicial ecuatoriano?
La impugnación de actos administrativos se realiza mediante acciones contencioso-administrativas. Las partes afectadas pueden presentar demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, buscando la revisión judicial de decisiones tomadas por autoridades administrativas.
¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción relacionada con las PEP en Ecuador?
Ecuador ha firmado acuerdos de cooperación internacional para combatir la corrupción. Esto incluye intercambio de información con otros países y colaboración con organismos internacionales para prevenir el lavado de dinero y la corrupción transnacional.
¿Cuáles son los criterios para clasificar a alguien como Persona Expuesta Políticamente en Ecuador?
En Ecuador, se considera PEP a aquellos individuos que desempeñan funciones públicas importantes, como altos funcionarios gubernamentales, jueces y legisladores. Los criterios específicos están detallados en la legislación vigente.
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