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¿Cuáles son los sectores específicos que se consideran de alto riesgo para las PEP en Ecuador?
En Ecuador, los sectores de construcción, contratación pública y concesiones son considerados de alto riesgo para la corrupción relacionada con las PEP. Las instituciones financieras deben prestar especial atención a transacciones en estos sectores.
¿Cuál es el procedimiento para la impugnación de actos administrativos en el sistema judicial ecuatoriano?
La impugnación de actos administrativos se realiza mediante acciones contencioso-administrativas. Las partes afectadas pueden presentar demandas ante el Tribunal Contencioso Administrativo, buscando la revisión judicial de decisiones tomadas por autoridades administrativas.
¿Qué derechos tienen los empleados en caso de acoso laboral en Ecuador?
Los empleados en Ecuador tienen el derecho de denunciar casos de acoso laboral, y las leyes laborales protegen contra represalias por hacerlo.
¿Cómo deben las empresas en Ecuador abordar la gestión de conflictos de interés dentro de sus programas de compliance y qué medidas específicas pueden implementar para prevenir situaciones éticamente comprometedoras?
La gestión de conflictos de interés implica la divulgación transparente y la implementación de políticas claras. Las empresas deben establecer procesos para identificar y abordar conflictos de interés, ofrecer capacitación sobre ética empresarial y fomentar una cultura donde la honestidad y la integridad sean fundamentales.
¿Cómo se manejan las reparaciones ordinarias en el bien arrendado en Ecuador?
Las reparaciones ordinarias son responsabilidad del arrendador, y el arrendatario debe notificar cualquier necesidad de reparación. Si el arrendador no realiza las reparaciones en un plazo razonable, el arrendatario puede solicitar una rebaja proporcional en la renta o realizar las reparaciones por cuenta propia, deduciéndolas del monto de la renta.
¿Cuáles son las implicaciones de la ley de protección al consumidor en contratos de venta de bienes de consumo en Ecuador?
La ley de protección al consumidor es fundamental en transacciones de bienes de consumo. El contrato debe cumplir con estas regulaciones, incluyendo cláusulas que respeten los derechos del consumidor, la información clara sobre los productos, condiciones de garantía y políticas de devolución. Garantizar que el contrato cumpla con estas normativas protege los intereses de ambas partes.
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