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¿Cuáles son las medidas para prevenir la radicalización y el extremismo violento en Ecuador?
Ecuador implementa estrategias para prevenir la radicalización y el extremismo violento, incluyendo programas de concienciación y vigilancia.
¿Cuál es el papel de la Defensoría Pública en asuntos de familia?
La Defensoría Pública en Ecuador puede proporcionar asesoramiento y representación legal gratuita a personas que no pueden costear un abogado en asuntos de familia. Su papel incluye brindar apoyo a personas en situaciones vulnerables, como víctimas de violencia doméstica o personas con recursos limitados en procesos judiciales familiares.
¿Qué sucede si el deudor alimentario se muda a otra provincia o país en Ecuador?
Si el deudor alimentario se muda a otra provincia o país en Ecuador, la jurisdicción para el caso puede cambiar. El beneficiario puede solicitar la transferencia del caso al tribunal competente en la nueva ubicación del deudor para garantizar la continuidad del proceso legal.
¿Cómo se aborda la selección de personal para roles que requieren habilidades de gestión de la diversidad en Ecuador?
En roles que requieren habilidades de gestión de la diversidad, se pueden realizar preguntas sobre cómo el candidato ha fomentado un ambiente inclusivo, gestionado conflictos relacionados con la diversidad y promovido la igualdad de oportunidades en equipos diversos.
¿Cuáles son las opciones legales para cambiar el nombre de un menor en Ecuador?
Cambiar el nombre de un menor en Ecuador requiere un proceso legal. Los padres deben presentar una solicitud al Registro Civil, justificando la razón del cambio. El tribunal evaluará la solicitud y, si se cumplen los requisitos, emitirá una orden para el cambio de nombre del menor. Es importante seguir el proceso legal adecuado para garantizar la validez del cambio de nombre.
¿Hay diferencias en las sanciones aplicables a contratistas del sector público y privado en Ecuador?
Las sanciones aplicables a contratistas en Ecuador pueden variar según el sector, pero en general, las leyes y regulaciones buscan garantizar un trato equitativo. Tanto los contratistas del sector público como del privado pueden enfrentar sanciones similares por violaciones éticas, incumplimientos contractuales u otras prácticas ilícitas.
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