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¿Cómo se garantiza la ética en la contratación de servicios de consultoría legal para proyectos gubernamentales en Ecuador?
La garantía de ética en la contratación de servicios de consultoría legal para proyectos gubernamentales en Ecuador se logra mediante la revisión de la experiencia y reputación de los bufetes de abogados, la transparencia en la facturación y honorarios, y la verificación del cumplimiento de normativas legales y éticas. Los contratistas legales deben comprometerse con la integridad en la asesoría legal.
¿Puede una persona obtener la cédula de identidad si tiene deudas pendientes con la administración tributaria en Ecuador?
La obtención de la cédula de identidad en Ecuador no está directamente condicionada por deudas con la administración tributaria. Sin embargo, el cumplimiento de obligaciones fiscales es importante para otros trámites y puede ser requisito en algunas circunstancias.
¿Cómo se protege el debido proceso en un expediente judicial en Ecuador?
El debido proceso se garantiza mediante la notificación adecuada, el derecho a la defensa, la imparcialidad del tribunal, entre otros aspectos.
¿Cuál es el papel de la Defensoría Pública en casos de personas en situación de vulnerabilidad en el sistema judicial ecuatoriano?
La Defensoría Pública juega un papel crucial en la representación legal de personas en situación de vulnerabilidad que no pueden costear un abogado. Su misión es garantizar el acceso a la justicia para todos, especialmente para aquellos que enfrentan barreras económicas y sociales.
¿Cómo se regula la responsabilidad de los establecimientos educativos en casos de accidentes o incidentes con estudiantes en Ecuador?
La responsabilidad de los establecimientos educativos se regula por el Código Civil y la Ley de Educación, estableciendo deberes de cuidado y responsabilidades en casos de accidentes o incidentes con estudiantes.
¿Cuál es el proceso para la protección de derechos de las personas mayores en el sistema judicial ecuatoriano?
La protección de derechos de las personas mayores implica acciones judiciales específicas y está respaldada por la Ley Orgánica de Protección de Derechos de las Personas Adultas Mayores. Estas personas o sus representantes pueden presentar denuncias por violación de sus derechos, buscando medidas de protección y reparación en el ámbito judicial.
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