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¿Cuál es la función de la Procuraduría General del Estado en el sistema judicial ecuatoriano?
La Procuraduría General del Estado en Ecuador tiene la función de representar legalmente al Estado y defender sus intereses en procesos judiciales. Actúa como abogado del Estado, interviniendo en casos en los que el Estado sea parte y buscando garantizar la legalidad y protección de los recursos públicos.
¿Cómo se aborda la selección de personal en el ámbito de la responsabilidad ambiental en Ecuador?
En el contexto de la responsabilidad ambiental, las empresas pueden incorporar criterios relacionados con prácticas sostenibles y conciencia ambiental en el proceso de selección. Se busca candidatos comprometidos con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
¿Cuál es la regulación para el arrendamiento de bienes destinados a actividades comerciales en zonas rurales en Ecuador?
El arrendamiento de bienes para actividades comerciales en zonas rurales está sujeto a las regulaciones generales de la Ley de Inquilinato. Además, se deben considerar las normativas locales y cualquier condición específica relacionada con el uso comercial en áreas rurales. El contrato debe reflejar estas condiciones para garantizar el cumplimiento legal.
¿Cuáles son las listas de riesgos en Ecuador?
En Ecuador, existen varias listas de riesgos, como la Lista de Personas Naturales y Jurídicas Sancionadas...
¿Cómo se manejan los embargos en casos de quiebra en Ecuador?
En casos de quiebra en Ecuador, los embargos se manejan de manera especial. La quiebra puede suspender temporalmente los procesos de embargo y dar lugar a un plan de reorganización o liquidación de activos. Los acreedores deben presentar sus reclamaciones y participar en el proceso de quiebra para determinar cómo se distribuirán los activos entre ellos.
¿Existe un sistema de calificación para medir el desempeño ético de los contratistas en Ecuador?
En algunos casos, Ecuador puede contar con un sistema de calificación para medir el desempeño ético de los contratistas. Este sistema podría evaluar aspectos como el cumplimiento normativo, la transparencia financiera y el historial de ética empresarial para proporcionar a las autoridades y a la sociedad una referencia objetiva sobre el comportamiento de las empresas.
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