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¿Cómo se establece la pena para un cómplice en función de su grado de participación en Guatemala?
La pena para un cómplice se establece en función de su grado de participación y contribución al delito. La legislación guatemalteca permite reducciones en la pena en caso de complicidad menor o colaboración sustancial.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos étnicos en Guatemala?
Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos étnicos se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para promover la diversidad cultural y garantizar un ambiente familiar enriquecedor, respetando la identidad étnica del menor.
¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.
¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un DPI si ha cambiado de género?
Sí, un ciudadano guatemalteco puede solicitar un DPI si ha cambiado de género. El proceso implica presentar la documentación correspondiente, como la sentencia de cambio de género emitida por un tribunal competente.
¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la rehabilitación de individuos con antecedentes judiciales?
Guatemala no cuenta con una política de rehabilitación específica para individuos con antecedentes judiciales, pero existen programas y organizaciones que ofrecen apoyo a la reintegración de personas con antecedentes al mercado laboral y la sociedad. La reinserción social es un aspecto importante en el sistema de justicia.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de abuso sexual infantil en contextos escolares en Guatemala?
Los casos de abuso sexual infantil en contextos escolares se abordan legalmente en Guatemala mediante denuncias y acciones judiciales. Se busca la protección de la víctima, la sanción del agresor y el establecimiento de medidas para prevenir y abordar este tipo de violencia en entornos educativos.
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