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¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
¿Qué son los contratistas sancionados en Guatemala?
Los contratistas sancionados en Guatemala son aquellos que han recibido penalizaciones o restricciones como resultado de acciones indebidas o incumplimientos en contratos o proyectos. Las sanciones pueden incluir multas, exclusiones temporales o permanentes de licitaciones y otras medidas disciplinarias.
¿Cuál es el papel de la Contraloría General de Cuentas en el cumplimiento normativo en Guatemala?
La Contraloría General de Cuentas supervisa el uso adecuado de los recursos públicos y promueve la transparencia y la rendición de cuentas en las entidades gubernamentales en Guatemala. Su función contribuye al cumplimiento normativo en el ámbito fiscal y financiero.
¿Cuáles son los trámites necesarios para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala?
Los trámites para obtener una tarjeta de identificación tributaria (NIT) en Guatemala implican presentar documentación como DPI, llenar formularios y realizar trámites ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Este trámite es esencial para que personas y empresas realicen actividades económicas legalmente en el país.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de custodia de menores en situaciones de violencia de género en Guatemala?
Los casos de custodia de menores en situaciones de violencia de género se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden tomar medidas para proteger a los niños, considerando la violencia de género en las decisiones relacionadas con la custodia y visita, buscando el interés superior del menor y la seguridad de la familia.
¿Cómo se asegura la imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala?
La imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala se asegura mediante la designación de entidades supervisoras independientes, la separación de funciones entre las autoridades sancionadoras y las que llevan a cabo investigaciones, y la garantía de que los contratistas tengan la oportunidad de presentar su defensa de manera equitativa.
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