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¿Cuáles son las sanciones para las violaciones a las leyes AML en Guatemala?
Las violaciones a las leyes AML en Guatemala pueden resultar en sanciones severas, que incluyen multas significativas, penas de prisión y la confiscación de bienes. Las sanciones varían según la gravedad de la infracción.
¿Cómo se resuelven las disputas transfronterizas en contratos de venta que involucran a Guatemala?
Las disputas transfronterizas en contratos de venta que involucran a Guatemala pueden resolverse mediante métodos como el arbitraje internacional o la mediación. La elección del método dependerá de las cláusulas contractuales y la voluntad de las partes. Estos enfoques alternativos pueden ofrecer una resolución más eficiente y especializada que los procedimientos judiciales.
¿Cuál es la diferencia entre un autor y un cómplice según la ley guatemalteca?
La diferencia fundamental radica en la ejecución del delito. El autor realiza el acto delictivo directamente, mientras que el cómplice colabora de alguna manera en la comisión del delito sin realizar el acto principal. Ambos pueden ser penalmente responsables.
¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
Los abogados y contadores pueden estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo si participan de manera consciente o negligente en transacciones destinadas a proporcionar fondos a individuos o grupos terroristas. La legislación guatemalteca exige que estos profesionales cumplan con sus obligaciones de reportar transacciones sospechosas relacionadas con la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el plazo para solicitar un DPI para un recién nacido en Guatemala?
El plazo para solicitar un DPI para un recién nacido en Guatemala no está estrictamente definido. Sin embargo, se recomienda realizar este trámite lo antes posible después del nacimiento para contar con la identificación del menor.
¿Quiénes pueden solicitar un embargo en Guatemala?
En Guatemala, el derecho a solicitar un embargo lo tienen aquellos que tengan un título ejecutivo válido que acredite una deuda pendiente, como particulares, empresas, instituciones financieras y cualquier entidad que tenga una reclamación legítima contra el deudor.
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