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¿Cuáles son las responsabilidades del arrendador en cuanto al mantenimiento de la propiedad arrendada en Guatemala?
El arrendador en Guatemala tiene la responsabilidad de mantener la propiedad en condiciones adecuadas para el uso previsto. Esto incluye realizar reparaciones necesarias y asegurarse de que la propiedad cumpla con los estándares de habitabilidad. Los arrendatarios tienen derecho a vivir en una propiedad segura y en buenas condiciones.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos solicitar un DPI si han cambiado de género o nombre?
Sí, los ciudadanos guatemaltecos que han cambiado de género o nombre pueden solicitar la actualización de su DPI para reflejar estos cambios. Este proceso implica presentar la documentación correspondiente que respalde la modificación y seguir los trámites establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP).
¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?
En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.
¿Puede un arrendador ingresar a la propiedad arrendada sin el consentimiento del arrendatario?
En Guatemala, el arrendador no puede ingresar a la propiedad arrendada sin el consentimiento del arrendatario, a menos que exista una emergencia o el arrendatario lo permita. El arrendatario tiene derecho a la privacidad y al uso pacífico de la propiedad durante el plazo del contrato.
¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de KYC en Guatemala?
Sí, los clientes tienen el derecho de acceder a su propia información de KYC y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto promueve la transparencia y la precisión de la información.
¿Pueden las partes en un proceso judicial solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso en Guatemala?
Las partes en un proceso judicial en Guatemala generalmente no tienen el derecho de solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso, a menos que existan circunstancias excepcionales y previa autorización del tribunal.
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