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¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las ONGs en Guatemala?
Las ONGs están sujetas a regulaciones de debida diligencia para prevenir el abuso de fondos y garantizar la transparencia en sus actividades.
¿Cómo se protege a los consumidores en contratos de venta a plazos en Guatemala?
Los consumidores en contratos de venta a plazos en Guatemala están protegidos por regulaciones específicas que buscan garantizar transparencia y equidad. Estas regulaciones abordan aspectos como la divulgación de términos, tasas de interés, derechos de los consumidores y consecuencias por pagos atrasados. Cumplir con estas disposiciones es esencial para los vendedores que ofrecen planes de pago a plazos.
¿Cómo se penaliza el delito de tráfico de personas en Guatemala?
El tráfico de personas en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la captación, transporte o recepción de personas con fines de explotación, protegiendo los derechos y la libertad de las personas.
¿Cuál es la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal y cómo se tratan en los antecedentes fiscales en Guatemala?
La evasión fiscal y la elusión fiscal son conceptos distintos en Guatemala. La evasión implica la omisión intencional de pagar impuestos mediante prácticas ilegales, mientras que la elusión involucra estrategias legales para minimizar la carga fiscal. Ambos son considerados en los antecedentes fiscales, pero la evasión puede resultar en sanciones más severas. La elusión, siempre que sea legal, es una práctica aceptada.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de víctimas de violencia de género en el ámbito familiar?
Las disposiciones legales para la protección de víctimas de violencia de género en el ámbito familiar incluyen la posibilidad de solicitar órdenes de protección y medidas legales para garantizar la seguridad y bienestar de las víctimas.
¿Cuáles son las responsabilidades del arrendador en cuanto al mantenimiento de la propiedad arrendada en Guatemala?
El arrendador en Guatemala tiene la responsabilidad de mantener la propiedad en condiciones adecuadas para el uso previsto. Esto incluye realizar reparaciones necesarias y asegurarse de que la propiedad cumpla con los estándares de habitabilidad. Los arrendatarios tienen derecho a vivir en una propiedad segura y en buenas condiciones.
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