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¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
¿Qué requisitos de debida diligencia aplican a las instituciones de juego y casinos en Guatemala?
Las instituciones de juego y casinos deben cumplir con requisitos de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las sanciones por evadir el cumplimiento de las obligaciones de manutención en Guatemala?
Las sanciones por evadir el cumplimiento de las obligaciones de manutención en Guatemala pueden incluir multas, la retención de salarios, la suspensión de licencias y la inclusión en registros de deudores alimentarios morosos. Además, en casos graves de evasión, los deudores pueden enfrentar procesos judiciales y sanciones más severas, como penas de prisión. Estas sanciones buscan garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención.
¿Qué autoridades en Guatemala son responsables de la gestión y custodia de los antecedentes judiciales?
La gestión y custodia de los antecedentes judiciales en Guatemala suelen ser responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades judiciales competentes. Estas entidades son las encargadas de mantener los registros y garantizar su seguridad.
¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos solicitar un cambio de firma en su documento de identificación?
En Guatemala, los ciudadanos pueden solicitar un cambio de firma en su documento de identificación presentando la solicitud correspondiente ante el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Este proceso puede requerir la justificación adecuada para el cambio de firma, y una vez aprobado, se actualiza la información en el documento de identificación del solicitante.
¿Se aplican medidas específicas en Guatemala para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente?
Sí, en Guatemala se aplican medidas específicas para prevenir el uso de empresas ficticias en transacciones financieras relacionadas con personas expuestas políticamente. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una exhaustiva verificación de la estructura corporativa y la propiedad beneficiaria, asegurándose de identificar posibles empresas ficticias utilizadas para encubrir actividades ilícitas.
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