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¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?
La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría General de la Nación en la debida diligencia gubernamental en Guatemala?
La Procuraduría General de la Nación en Guatemala realiza la debida diligencia gubernamental al representar legalmente al Estado, velando por el cumplimiento de normativas y protegiendo los intereses públicos.
¿Cuál es el proceso para solicitar la nacionalidad española por opción para hijos adoptivos de guatemaltecos en España?
Los hijos adoptivos de guatemaltecos residentes en España pueden optar por la nacionalidad española por opción. El proceso implica cumplir con ciertos requisitos, como la residencia legal, y presentar la solicitud ante el Registro Civil.
¿Qué información se incluye en el reverso del DPI?
En el reverso del DPI se incluye información adicional sobre el titular, como su grupo sanguíneo y factor RH. Esta información puede ser relevante en situaciones médicas de emergencia. Además, se proporciona el número de identificación tributaria (NIT) del titular.
¿Cuáles son las medidas específicas para prevenir el lavado de activos en el ámbito de las entidades no lucrativas en Guatemala?
En el ámbito de las entidades no lucrativas en Guatemala, se implementan medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto puede incluir la identificación de donantes y beneficiarios, la evaluación de riesgos asociados a donaciones, y la supervisión de actividades financieras para detectar posibles indicios de lavado de activos.
¿Cuál es el impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala?
El impacto económico de las sanciones a contratistas en Guatemala puede incluir la interrupción de proyectos, la pérdida de empleos, la disminución de la inversión y la afectación de la reputación del sector de la construcción. Es fundamental equilibrar la aplicación de sanciones con medidas que minimicen el impacto negativo en la economía.
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