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¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas para la prevención de la financiación del terrorismo?
No, las entidades financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Se requiere una debida diligencia exhaustiva para identificar a los clientes y prevenir el uso indebido de cuentas para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo.
¿Cómo se maneja la selección de personal en el ámbito de la administración pública local en Guatemala?
En el ámbito de la administración pública local en Guatemala, la selección de personal sigue principios similares a los del sector público en general. Se rige por la Ley de Servicio Civil y otras normativas específicas del ámbito municipal. La transparencia y la imparcialidad son aspectos clave.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la protección de la propiedad intelectual en el ámbito legal?
El enfoque de Guatemala en la protección de la propiedad intelectual implica leyes y medidas para prevenir la piratería y garantizar los derechos de los creadores. Esto abarca desde derechos de autor hasta patentes y marcas registradas.
¿Cuál es la frecuencia de presentación de informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes de manera periódica, según las normativas y la detección de actividades sospechosas.
¿Qué legislación regula la venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala?
La venta de bienes duraderos o de equipo industrial en Guatemala está regulada por la legislación comercial y civil del país. Las leyes aplicables pueden abordar cuestiones como garantías, responsabilidad por defectos y términos de entrega. Es esencial que las partes involucradas conozcan y cumplan con las disposiciones legales pertinentes para este tipo de transacciones.
¿Existen programas de mediación o conciliación para resolver disputas entre deudores alimentarios y beneficiarios en Guatemala?
Sí, en Guatemala, pueden existir programas de mediación o conciliación destinados a resolver disputas entre deudores alimentarios y beneficiarios. Estos programas buscan encontrar soluciones mutuamente aceptables sin recurrir completamente a los tribunales.
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