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¿Cómo se penaliza el delito de proxenetismo en Guatemala?
El proxenetismo en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la explotación de personas en la prostitución, protegiendo la dignidad y derechos de quienes están involucrados en la industria del sexo.
¿La legislación AML guatemalteca solo se aplica a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia patrimonial en el ámbito familiar en Guatemala?
La violencia patrimonial en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente mediante denuncias y acciones judiciales. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia, que afecta los bienes y recursos económicos de las víctimas.
¿Puede un arrendatario realizar modificaciones en la propiedad arrendada sin el consentimiento del arrendador?
En general, un arrendatario no puede realizar modificaciones significativas en la propiedad arrendada sin el consentimiento expreso del arrendador en Guatemala. Esto incluye cambios estructurales o alteraciones que afecten la propiedad de manera sustancial. El contrato de arrendamiento debe especificar las condiciones bajo las cuales el arrendatario puede realizar modificaciones y cómo se deben abordar dichas situaciones.
¿Las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado son permitidas en Guatemala?
Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado son permitidas en Guatemala. Los empleadores que contratan personal de seguridad suelen realizar verificaciones exhaustivas para garantizar que los empleados sean confiables y aptos para desempeñar funciones críticas relacionadas con la seguridad.
¿Cuál es la posición del Estado guatemalteco con respecto a la colaboración entre el sector público y privado en la implementación de políticas de debida diligencia?
El Estado fomenta la colaboración entre el sector público y privado, reconociendo la importancia de la participación conjunta para fortalecer la implementación de políticas de debida diligencia en Guatemala.
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