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¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Una "transacción sospechosa" se define como una operación financiera que, por su naturaleza, monto, frecuencia o características, sugiere que podría estar relacionada con la financiación del terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben informar estas operaciones a la UAF.
¿Qué plazos se establecen para la conservación de expedientes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, se establecen plazos específicos para la conservación de expedientes judiciales. Estos plazos varían según la naturaleza del caso y las leyes aplicables, y buscan equilibrar la necesidad de conservar la información relevante con la gestión eficiente de los registros judiciales.
¿Cuál es la relación entre la debida diligencia y el cumplimiento normativo en el contexto guatemalteco?
La debida diligencia es una parte fundamental del cumplimiento normativo, ya que ayuda a garantizar que las entidades cumplan con las leyes y regulaciones aplicables.
¿Qué trámites se realizan en caso de pérdida o robo del DPI?
En caso de pérdida o robo del DPI, el ciudadano debe presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes. Luego, puede acudir al Registro Nacional de las Personas (RENAP) para solicitar una reposición del documento. Se deben seguir los procedimientos establecidos para garantizar la obtención de un nuevo DPI.
¿Cómo se abordan las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala?
Las quejas de discriminación en los procesos de selección en Guatemala pueden abordarse presentando denuncias ante las autoridades laborales competentes. Existen instancias y procedimientos para investigar y tomar medidas contra la discriminación en el ámbito laboral, incluida la selección de personal.
¿Pueden los contratistas sancionados en Guatemala apelar las sanciones impuestas?
Sí, los contratistas sancionados en Guatemala tienen el derecho de apelar las sanciones impuestas en su contra. Esto implica presentar una apelación ante la entidad o agencia que impuso la sanción, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos. Si la apelación es desestimada, el contratista puede recurrir a instancias judiciales para buscar un recurso adicional.
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