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¿Cómo se regula la participación de abogados y notarios en transacciones financieras desde la perspectiva de AML en Guatemala?
La participación de abogados y notarios en transacciones financieras se regula en el marco de AML en Guatemala. Estos profesionales están sujetos a normativas que exigen la debida diligencia en la identificación de clientes y la reportación de transacciones sospechosas.
¿Cuál es la vigencia del DPI en Guatemala?
El DPI en Guatemala tiene una vigencia de 10 años para las personas mayores de 18 años y de 5 años para los menores de edad. Al vencimiento, se debe solicitar la renovación del DPI y actualizar la información si es necesario.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de recursos humanos para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo impacta en la gestión de recursos humanos al exigir que las empresas guatemaltecas sigan regulaciones laborales específicas. Esto incluye normativas sobre contratación, condiciones laborales, derechos de los empleados y procesos disciplinarios.
¿Existe alguna circunstancia que pueda eximir de responsabilidad a un cómplice en Guatemala?
En circunstancias excepcionales, como la coacción extrema o amenazas de muerte, un cómplice podría argumentar la exención de responsabilidad. Sin embargo, la evaluación de estas circunstancias dependerá de la interpretación de la ley y de la validez de las alegaciones.
¿Qué información se almacena en el chip electrónico del DPI en Guatemala?
El chip electrónico del DPI en Guatemala almacena información biográfica y biométrica del titular, incluyendo datos como nombre, fecha de nacimiento, fotografía, huellas dactilares y otros elementos de identificación segura.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de Defensa al Consumidor en casos de controversias en contratos de venta en Guatemala?
La Procuraduría de Defensa al Consumidor en Guatemala puede desempeñar un papel en la resolución de controversias en contratos de venta, actuando como mediadora entre las partes o incluso presentando acciones legales en nombre de los consumidores afectados. Su objetivo es velar por los derechos de los consumidores y garantizar prácticas comerciales justas.
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