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La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia económica en el ámbito familiar en Guatemala?
La violencia económica en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente a través de denuncias y solicitudes de medidas de protección. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de cambio de nombre de menores en Guatemala?
Los casos de cambio de nombre de menores se abordan legalmente en Guatemala mediante solicitudes ante el tribunal. Se pueden considerar razones válidas, como protección del menor o ajuste a su identidad de género, y los tribunales evalúan estas solicitudes para tomar decisiones en el interés superior del niño.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos en la supervisión de medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos en Guatemala desempeña un papel crucial en la supervisión de medidas de prevención del lavado de activos. Esta entidad regula y monitorea las prácticas de las instituciones financieras, asegurando que implementen controles efectivos, realicen debida diligencia en clientes y cumplan con las normativas para prevenir actividades ilícitas.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la violencia juvenil y delincuencia juvenil?
Guatemala se enfoca en la prevención de la violencia juvenil y delincuencia juvenil a través de programas de educación, empleo juvenil y actividades recreativas. Se busca ofrecer alternativas a los jóvenes en riesgo.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la economía y la infraestructura en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden tener un impacto significativo en la economía y la infraestructura. Pueden afectar la ejecución de proyectos, causar retrasos y aumentar los costos. Además, la reputación del sector de la construcción puede sufrir, afectando la confianza de inversores y contratistas. Es crucial gestionar las sanciones de manera cuidadosa para mitigar impactos negativos.
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