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¿Qué establece la legislación sobre el delito de trata de personas en Guatemala?
La trata de personas en Guatemala está penalizada con severas penas de prisión. La legislación aborda este delito, que implica la explotación de personas con fines de trabajo forzado, explotación sexual u otras formas de esclavitud moderna.
¿Cuál es el papel de la educación y la formación continua en el fortalecimiento de la cultura de debida diligencia en las empresas guatemaltecas?
La educación y la formación continua son fundamentales para capacitar a los empleados sobre los riesgos y procedimientos de debida diligencia, fomentando así una cultura de cumplimiento y responsabilidad.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de comercio electrónico en Guatemala?
En el sector de comercio electrónico en Guatemala, la prevención del lavado de activos se aborda mediante la implementación de protocolos de seguridad en las plataformas digitales. Esto incluye la verificación de identidad de los usuarios, el monitoreo de transacciones sospechosas y la colaboración con entidades financieras para fortalecer las medidas preventivas.
¿Cómo se sanciona el delito de trata de personas en Guatemala?
La trata de personas en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el comercio ilegal de personas, protegiendo a las víctimas de este delito que involucra la explotación y la vulneración de derechos.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos en relación con los deudores de impuestos en Guatemala?
La Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala juega un papel de supervisión y defensa de los derechos humanos, incluyendo aquellos relacionados con cuestiones fiscales. Puede intervenir para garantizar que los procedimientos fiscales respeten los derechos fundamentales de los contribuyentes.
¿Cuál es el propósito de sancionar a los contratistas en Guatemala?
El propósito de sancionar a contratistas en Guatemala es garantizar la integridad y transparencia en las contrataciones públicas y privadas. Las sanciones buscan desincentivar prácticas indebidas, promover la competencia justa, y proteger los intereses del Estado y la sociedad en general.
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