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¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de un embargo en Guatemala?
El incumplimiento de un embargo en Guatemala puede tener graves consecuencias legales. El deudor puede enfrentar sanciones adicionales, incluyendo multas, y sus bienes pueden ser vendidos en una subasta pública para satisfacer la deuda. Además, el historial crediticio del deudor puede verse afectado.
¿Qué hacer si los datos en el DPI contienen errores o están desactualizados?
En caso de errores o datos desactualizados en el DPI, se debe realizar un trámite de corrección en el Registro Nacional de las Personas (RENAP). Esto implica presentar la documentación necesaria y pagar las tarifas correspondientes.
¿Qué responsabilidades tienen las juntas directivas en relación con el cumplimiento normativo en Guatemala?
Las juntas directivas de empresas en Guatemala tienen la responsabilidad de supervisar y asegurar el cumplimiento normativo. Esto implica establecer una cultura de cumplimiento, recibir informes periódicos sobre el estado del cumplimiento, abordar posibles problemas y garantizar que la empresa opere de manera ética y legal.
¿Qué ocurre si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala?
Si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala, el deudor sigue siendo responsable de la diferencia. El acreedor puede buscar otras formas de recuperar la deuda restante, como solicitar un embargo adicional o iniciar un proceso de cobro.
¿Cuáles son los tipos de complicidad reconocidos por la legislación guatemalteca?
La legislación guatemalteca reconoce la complicidad como complicidad primaria y secundaria. La complicidad primaria implica la cooperación directa en la comisión del delito, mientras que la complicidad secundaria se refiere a la asistencia posterior al delito.
¿Cómo se asegura que las sanciones a contratistas sean proporcionales a las infracciones en Guatemala?
La proporcionalidad de las sanciones a contratistas en Guatemala se asegura siguiendo las regulaciones y leyes aplicables. Estas normativas establecen criterios para evaluar la gravedad de las infracciones y determinar las sanciones proporcionales. La naturaleza de la infracción, el impacto en los proyectos y la reincidencia son consideraciones importantes. Además, los procedimientos de revisión y apelación permiten ajustar las sanciones según las circunstancias específicas de cada caso.
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