Artículos recomendados
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas incorporar la debida diligencia en la gestión de riesgos de manera integral?
La incorporación implica identificar y evaluar continuamente los riesgos legales, financieros y reputacionales, integrando la debida diligencia en los procesos de toma de decisiones estratégicas y operativas.
¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas para la prevención de la financiación del terrorismo?
En Guatemala, las instituciones financieras están prohibidas de abrir cuentas anónimas. La debida diligencia y la identificación de los titulares de cuentas son fundamentales para prevenir la financiación del terrorismo, y las cuentas anónimas no están permitidas.
¿Qué opciones tienen los contribuyentes para resolver disputas fiscales en Guatemala?
Los contribuyentes en Guatemala tienen varias opciones para resolver disputas fiscales. Pueden presentar recursos, como recursos de revocatoria, ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). También pueden recurrir a instancias judiciales, como los tribunales fiscales, para resolver disputas más complejas. La resolución efectiva de disputas es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento normativo en las empresas en Guatemala?
El cumplimiento normativo en las empresas guatemaltecas se supervisa mediante auditorías, inspecciones y revisiones realizadas por entidades gubernamentales, como la SAT y otras instituciones regulatorias. Las empresas deben colaborar con las autoridades y asegurarse de cumplir con los requisitos legales establecidos.
¿Qué requisitos de informes de transacciones grandes se aplican en Guatemala en el contexto de AML?
En Guatemala, las instituciones financieras deben informar sobre transacciones grandes o inusuales a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como parte de los requisitos de AML.
¿Cómo se publican las sanciones a contratistas en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala suelen ser públicas y se publican en registros o bases de datos accesibles al público, especialmente en casos de sanciones gubernamentales. Esto garantiza la transparencia y permite a otros contratistas, agencias gubernamentales y partes interesadas conocer las sanciones impuestas a una empresa o individuo en particular.
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