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¿Cuál es el proceso de debida diligencia del cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala?
El proceso de Debida Diligencia del Cliente (CDD) en el contexto de AML en Guatemala implica la recopilación y verificación de información sobre los clientes, sus actividades comerciales y la naturaleza de la relación comercial. Esto ayuda a evaluar y mitigar los riesgos de lavado de dinero.
¿Pueden los abogados solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala?
Sí, los abogados pueden solicitar la copia de expedientes judiciales en representación de sus clientes en Guatemala. Este derecho facilita la preparación de la defensa legal y garantiza el acceso a la información necesaria para abogados y sus clientes durante procesos judiciales.
¿Cómo se regula la protección de datos personales en Guatemala en relación con la validación de identidad?
La protección de datos personales se regula en Guatemala a través de la Ley de Protección de Datos Personales. Esta ley establece principios y requisitos para el tratamiento de datos personales, lo que incluye la validación de identidad.
¿Cuáles son los requisitos para la exportación e importación de bienes en contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala?
En contratos de venta internacional desde y hacia Guatemala, los requisitos para la exportación e importación de bienes deben cumplir con las regulaciones aduaneras y comerciales aplicables. Las partes deben acordar quién asume la responsabilidad y los costos asociados con estas operaciones.
¿Qué es la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala y cuál es su papel en la prevención del lavado de activos?
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es una entidad gubernamental en Guatemala encargada de recibir, analizar y difundir reportes de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Su función es crucial para la detección y prevención de estas actividades.
¿Quién puede solicitar un embargo en Guatemala?
El embargo en Guatemala puede ser solicitado por cualquier persona o entidad que tenga un derecho válido y una deuda pendiente. Esto incluye a particulares, empresas, instituciones financieras y cualquier entidad que tenga una reclamación legítima contra el deudor.
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