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¿Cómo se manejan los casos de delitos económicos y financieros en el sistema legal guatemalteco?
Los casos de delitos económicos y financieros en el sistema legal guatemalteco se manejan a través de investigaciones especializadas que pueden involucrar a expertos en finanzas y auditoría. Las leyes específicas abordan este tipo de delitos, y las sanciones pueden incluir multas y penas de prisión.
¿Qué se debe hacer en caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala?
En caso de pérdida o robo del DPI en Guatemala, se debe presentar una denuncia ante la Policía Nacional Civil y solicitar una reposición del DPI al Registro Nacional de las Personas (RENAP). Se seguirán procedimientos específicos para emitir un nuevo DPI con un número de identificación diferente.
¿Hay cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero global.
¿Cómo se penaliza el delito de acoso sexual en Guatemala?
El acoso sexual en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier comportamiento no deseado de naturaleza sexual que afecte la dignidad de la persona, protegiendo la integridad y la igualdad de género.
¿Cuál es el papel de las instituciones educativas en la verificación de antecedentes de su personal en Guatemala?
Las instituciones educativas en Guatemala tienen la responsabilidad de llevar a cabo la verificación de antecedentes de su personal, incluyendo docentes y personal administrativo. Esto garantiza la seguridad de los estudiantes y el cumplimiento de los requisitos educativos.
¿Cómo se regula el embargo de propiedades rurales en Guatemala en casos de deudas hipotecarias no saldadas?
El embargo de propiedades rurales en Guatemala por deudas hipotecarias no saldadas se regula conforme a la legislación hipotecaria y el Código Procesal Civil y Mercantil. Las entidades financieras o acreedores deben seguir un proceso legal que incluye la notificación al deudor y la solicitud ante el tribunal correspondiente. La ley establece procedimientos específicos para garantizar la legalidad y transparencia en el proceso de embargo de propiedades rurales.
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