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¿Cuáles son los principios básicos de la legislación AML en Guatemala?
Los principios básicos incluyen la identificación y debida diligencia del cliente, la presentación de informes de transacciones sospechosas y el establecimiento de programas de prevención de lavado de dinero.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el ámbito de las remesas en Guatemala?
En el ámbito de las remesas en Guatemala, la prevención del lavado de activos implica la implementación de controles rigurosos en los servicios de transferencia de dinero. Las entidades deben verificar la identidad de remitentes y destinatarios, monitorear transacciones sospechosas, y colaborar con autoridades para prevenir el uso indebido de estos servicios.
¿Qué derechos tienen los ciudadanos en Guatemala para acceder y controlar su información de identificación?
Los ciudadanos guatemaltecos tienen derechos para acceder a su información de identificación y controlarla, como solicitar correcciones en caso de errores. Estos derechos están respaldados por la Ley de Protección de Datos Personales.
¿Cómo se asegura la protección de los derechos humanos en el marco de la debida diligencia empresarial en Guatemala?
La protección de los derechos humanos se asegura mediante la adopción de políticas que respeten los derechos fundamentales, evaluaciones de impacto y medidas correctivas, contribuyendo así a una debida diligencia que salvaguarde los derechos humanos en Guatemala.
¿Pueden las organizaciones no lucrativas estar involucradas en la financiación del terrorismo en Guatemala?
Aunque las organizaciones no lucrativas tienen propósitos benéficos, en ocasiones pueden ser utilizadas para la financiación del terrorismo. Guatemala establece regulaciones que requieren que estas organizaciones cumplan con medidas de control y reporte para prevenir su involucramiento en actividades ilícitas.
¿Cómo puede el Estado guatemalteco incentivar a las empresas a implementar programas sólidos de debida diligencia?
Los incentivos pueden incluir beneficios fiscales, reconocimientos públicos, participación preferencial en licitaciones gubernamentales y otros estímulos que fomenten la adopción voluntaria de prácticas sólidas de debida diligencia por parte de las empresas guatemaltecas.
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