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¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala tienen la obligación de realizar debida diligencia sobre sus clientes, reportar transacciones sospechosas y cumplir con las regulaciones de AML para prevenir el uso del sector inmobiliario en actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la prevención de la financiación del terrorismo?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel crucial en supervisar y regular las instituciones financieras para prevenir la financiación del terrorismo. Establece normativas y realiza inspecciones para garantizar el cumplimiento de medidas preventivas.
¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de KYC en Guatemala?
Sí, los clientes tienen el derecho de acceder a su propia información de KYC y pueden solicitar correcciones si encuentran errores en sus registros. Esto promueve la transparencia y la precisión de la información.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?
La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas, contribuyendo a la detección y prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es la legislación principal que regula las demandas laborales en Guatemala?
En Guatemala, la legislación principal que regula las demandas laborales es el Código de Trabajo y la Constitución Política de la República de Guatemala. Estas leyes establecen los derechos y obligaciones de los empleados y empleadores, así como los procedimientos para resolver disputas laborales a través de demandas laborales. Además, existen normativas y reglamentos específicos que complementan estas leyes.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento normativo en las empresas en Guatemala?
El cumplimiento normativo en las empresas guatemaltecas se supervisa mediante inspecciones y auditorías realizadas por diversas entidades gubernamentales, como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, y la Procuraduría de Derechos Humanos. Estas entidades pueden llevar a cabo investigaciones y solicitar documentación para verificar el cumplimiento. Además, los clientes, proveedores y socios comerciales pueden realizar sus propias evaluaciones de cumplimiento antes de hacer negocios con una empresa.
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