Artículos recomendados
¿Cuál es el plazo para mantener los registros de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala están obligadas a mantener los registros de KYC durante al menos cinco años después de la terminación de la relación con el cliente. Esto garantiza que la información esté disponible para auditorías y supervisión.
¿Qué recursos legales tiene el deudor para impugnar un embargo indebido en Guatemala?
El deudor tiene varios recursos legales para impugnar un embargo indebido en Guatemala. Puede presentar una apelación ante el tribunal que emitió la orden de embargo, presentar una demanda de oposición al embargo o buscar asesoramiento legal para impugnar el proceso. Es esencial actuar dentro de los plazos legales establecidos.
¿Cuáles son las penas para el delito de hurto en Guatemala?
El hurto en Guatemala, que implica tomar bienes sin el uso de violencia, puede estar sujeto a penas de prisión. La gravedad de la pena dependerá de factores como el valor de lo sustraído y si existen agravantes, como el uso de armas.
¿Qué tipos de sanciones pueden imponerse a los contratistas en Guatemala?
Las sanciones a contratistas en Guatemala pueden variar en gravedad y naturaleza. Algunas de las sanciones comunes incluyen multas económicas, la exclusión temporal o permanente de participar en licitaciones públicas, la revocación de contratos y la aplicación de penalidades contractuales. La elección de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción y las políticas establecidas por las autoridades correspondientes.
¿Pueden los clientes acceder a su propia información de KYC en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen el derecho de acceder a su propia información de KYC. Las instituciones financieras deben facilitar este acceso y proporcionar a los clientes la oportunidad de corregir cualquier información inexacta que pueda estar presente en sus registros de KYC.
¿Cuál es el proceso legal para la protección de menores en casos de violencia económica en el ámbito familiar en Guatemala?
El proceso legal para la protección de menores en casos de violencia económica en el ámbito familiar se aborda mediante denuncias y acciones judiciales. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia, que afecta los recursos económicos de la familia y el bienestar de los niños.
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