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¿Qué plazos se establecen para la conservación de expedientes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, se establecen plazos específicos para la conservación de expedientes judiciales. Estos plazos varían según la naturaleza del caso y las leyes aplicables, y buscan equilibrar la necesidad de conservar la información relevante con la gestión eficiente de los registros judiciales.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han perdido su empleo en España?
Los guatemaltecos que han perdido su empleo en España pueden tener opciones de residencia, como el período de búsqueda de empleo. Deben informar a las autoridades de inmigración sobre su situación y seguir los procedimientos establecidos para mantener su estatus migratorio.
¿Cuál es el propósito de mantener registros de antecedentes judiciales en Guatemala?
El propósito principal de mantener registros de antecedentes judiciales en Guatemala es proporcionar una herramienta que facilite la toma de decisiones informadas en el ámbito legal y en otros contextos. Los registros permiten a las autoridades, empleadores y otros evaluar la idoneidad y confiabilidad de una persona.
¿Con qué frecuencia se presentan informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
La frecuencia varía, pero las instituciones financieras suelen presentar informes periódicos.
¿Existe una legislación específica para la gestión de riesgos en Guatemala?
Si bien Guatemala no cuenta con una legislación específica exclusivamente para la gestión de riesgos, las regulaciones en diversos sectores requieren que las empresas evalúen y gestionen los riesgos de acuerdo con las normativas específicas. Por ejemplo, las instituciones financieras deben cumplir con regulaciones de gestión de riesgos para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de Derechos Humanos en la promoción del cumplimiento normativo en Guatemala?
La Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala tiene un papel importante en la promoción del cumplimiento normativo al velar por el respeto de los derechos fundamentales en los procesos administrativos y judiciales relacionados con el cumplimiento fiscal. Su intervención busca garantizar un cumplimiento normativo justo y respetuoso de los derechos.
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