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¿Cómo se regula legalmente la custodia de hijos nacidos de parejas no casadas en Guatemala?
La custodia de hijos nacidos de parejas no casadas en Guatemala se regula considerando el interés superior del menor. Los padres pueden acordar la custodia de manera voluntaria o recurrir a tribunales para tomar decisiones en caso de desacuerdo.
¿Cómo se actualizan las políticas y procedimientos de debida diligencia en Guatemala ante cambios en la legislación?
Las empresas deben mantenerse informadas sobre las actualizaciones legislativas y ajustar sus políticas y procedimientos de debida diligencia de acuerdo con los cambios legales.
¿Cuál es el proceso para que una empresa guatemalteca pueda obtener el reconocimiento del Estado por implementar prácticas ejemplares de debida diligencia?
El proceso puede incluir la presentación de informes, evaluaciones por entidades gubernamentales, y el cumplimiento demostrado de estándares de debida diligencia que califiquen a la empresa para obtener el reconocimiento oficial del Estado en Guatemala.
¿Qué sucede en casos de abandono de un menor en Guatemala?
En casos de abandono de un menor, se puede presentar una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación de Guatemala. La Procuraduría tomará medidas para proteger y cuidar al menor, y se pueden tomar acciones legales contra los padres abandonadores.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la revocación de una adopción en Guatemala?
Las disposiciones legales para la revocación de una adopción en Guatemala establecen condiciones y procedimientos específicos. Generalmente, la revocación se considera en casos excepcionales y requiere la intervención de las autoridades judiciales para garantizar que se protejan los derechos del menor involucrado.
¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?
Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.
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