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¿Cómo se clasifican los delitos subyacentes en la legislación AML de Guatemala?
La legislación AML de Guatemala clasifica los delitos subyacentes como aquellos que generan fondos ilícitos, como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros, siendo objeto de persecución para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuáles son las penas por el delito de violencia de género en Guatemala?
La violencia de género en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de violencia basada en el género, protegiendo los derechos y la dignidad de las personas, independientemente de su género.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la adopción internacional en Guatemala?
La adopción internacional en Guatemala está sujeta a regulaciones específicas. Se requiere el cumplimiento de requisitos tanto en el país de origen del adoptante como en Guatemala. La Convención de La Haya sobre Adopción Internacional también juega un papel crucial en estos casos.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de los contratos de venta de bienes raíces en Guatemala?
Las implicaciones fiscales de los contratos de venta de bienes raíces en Guatemala pueden incluir impuestos sobre las transferencias de bienes inmuebles. Las partes deben estar al tanto de las obligaciones fiscales asociadas con la venta, como el pago de impuestos de timbres y estampillas, y pueden acordar cómo se distribuirán estos costos entre el comprador y el vendedor.
¿Cómo se aborda la protección de víctimas y testigos en el sistema legal guatemalteco?
El sistema legal guatemalteco tiene disposiciones para la protección de víctimas y testigos durante el proceso judicial. Esto incluye medidas como la declaración en un entorno seguro, el resguardo de la identidad y otras acciones destinadas a garantizar la seguridad y colaboración de quienes participan en el proceso judicial.
¿Qué recursos legales tienen los contratistas para defenderse contra sanciones injustas en Guatemala?
Los contratistas en Guatemala tienen recursos legales para defenderse contra sanciones injustas, como el derecho a apelar las decisiones ante instancias superiores, presentar pruebas en su defensa y solicitar revisiones imparciales. Es crucial contar con asesoramiento legal para utilizar eficazmente estos recursos y garantizar un proceso justo.
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