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¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones se definen considerando factores como el tipo de cliente, la naturaleza de la relación comercial, el producto o servicio ofrecido y la ubicación geográfica. Estos criterios ayudan a las instituciones a identificar y priorizar operaciones de alto riesgo.
¿Cómo se abordan los contratos de venta de bienes usados en Guatemala?
Los contratos de venta de bienes usados en Guatemala deben cumplir con las mismas leyes y regulaciones que los contratos de bienes nuevos. Sin embargo, en el caso de bienes usados, es crucial describir con precisión el estado del bien, posibles defectos y cualquier limitación de garantía. La honestidad y transparencia son clave para evitar problemas legales.
¿Cómo se determina la jurisdicción competente en caso de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala?
La determinación de la jurisdicción competente en caso de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala puede regirse por cláusulas específicas en el contrato, como la elección de un tribunal o la aplicación de reglas de jurisdicción internacional.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cómo afecta la globalización a la complejidad de la debida diligencia para las empresas guatemaltecas que operan en múltiples jurisdicciones?
La globalización aumenta la complejidad debido a diferencias en regulaciones, culturas y prácticas comerciales entre jurisdicciones. Las empresas deben adaptar sus procesos de debida diligencia para abordar estas variaciones.
¿Cómo se pueden resolver disputas relacionadas con los antecedentes fiscales en Guatemala?
Las disputas relacionadas con los antecedentes fiscales en Guatemala pueden resolverse a través de procesos administrativos y judiciales. Los contribuyentes tienen derecho a presentar recursos y apelaciones ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y, si es necesario, recurrir a instancias judiciales para resolver discrepancias.
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