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¿Cuáles son las penas por el delito de homicidio en Guatemala?
El homicidio en Guatemala puede estar penado con penas que varían según las circunstancias. La legislación busca prevenir y sancionar la privación de la vida de una persona, protegiendo el derecho a la vida y la seguridad de los ciudadanos.
¿Pueden los bienes embargados en Guatemala ser utilizados para pagar múltiples deudas pendientes?
Sí, en algunos casos, los bienes embargados en Guatemala pueden ser utilizados para pagar múltiples deudas pendientes. El tribunal determinará la prioridad de las deudas y distribuirá los fondos obtenidos de la subasta de manera equitativa entre los acreedores según las reglas establecidas por la ley.
¿Cuáles son las obligaciones específicas de los agentes y corredores de bienes raíces en relación con AML en Guatemala?
Los agentes y corredores de bienes raíces en Guatemala están sujetos a regulaciones específicas de AML y deben realizar debida diligencia del cliente al llevar a cabo transacciones inmobiliarias. También deben informar actividades sospechosas a la UAF.
¿Cuál es la pena máxima en Guatemala para los delitos más graves?
En Guatemala, la pena máxima para los delitos más graves es la prisión perpetua. Sin embargo, el sistema legal guatemalteco no permite la pena de muerte. La prisión perpetua implica que el condenado pasa el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional.
¿Cuál es la responsabilidad de un cómplice si el autor del delito muere durante la comisión del acto criminal?
La responsabilidad de un cómplice si el autor del delito muere durante la comisión del acto criminal puede variar según las leyes guatemaltecas. En algunos casos, el cómplice podría seguir siendo penalmente responsable por su participación, mientras que en otros, la responsabilidad podría ser evaluada de manera diferente.
¿Qué agencias o entidades en Guatemala son responsables de sancionar a los contratistas?
En Guatemala, las agencias o entidades responsables de sancionar a los contratistas pueden variar según el ámbito contractual. La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas y otras entidades gubernamentales pueden tener jurisdicción en la imposición de sanciones. Además, en casos específicos, instituciones sectoriales o de servicios públicos pueden intervenir.
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