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¿Cómo se sanciona el delito de posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala?
La posesión ilegal de armas de fuego en Guatemala puede conllevar penas de prisión. La legislación regula estrictamente la tenencia y portación de armas para prevenir el uso indebido y la participación en actividades delictivas.
¿Qué derechos tienen los contratistas durante una investigación de sanción en Guatemala?
Los contratistas tienen derechos durante una investigación de sanción en Guatemala, que incluyen el derecho a ser informados de las acusaciones en su contra, el derecho a presentar pruebas en su defensa, el derecho a ser escuchados y el derecho al debido proceso. También tienen derecho a la asesoría legal y a ser tratados con imparcialidad durante la investigación.
¿Qué sucede si una persona no tiene un DPI en Guatemala?
No contar con un DPI puede limitar la participación en diversos trámites y actividades cotidianas en Guatemala. Se recomienda obtener y portar el DPI para garantizar la identificación en diferentes situaciones.
¿Cómo se aborda la verificación de antecedentes en el proceso de contratación de personal en el ámbito de la moda y el diseño en Guatemala?
En el ámbito de la moda y el diseño en Guatemala, la verificación de antecedentes puede centrarse en la experiencia laboral en la industria, la participación en proyectos destacados y la integridad del personal creativo. Esto es importante para asegurar la autenticidad y calidad en la producción de moda y diseño.
¿Cuáles son las penas por el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala puede estar penada con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la obtención de bienes, dinero o servicios mediante amenazas, protegiendo la seguridad y patrimonio de las personas.
¿Cuáles son las consecuencias de ser sancionado como contratista en Guatemala?
Las consecuencias de ser sancionado como contratista en Guatemala pueden incluir la pérdida de contratos actuales y futuros, multas financieras, la exclusión de procesos de licitación pública, la suspensión temporal o permanente de actividades y, en casos graves, acciones legales. Estas consecuencias buscan desincentivar prácticas indebidas y garantizar la integridad en las contrataciones.
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