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¿Existe una legislación específica para la gestión de riesgos en Guatemala?
En Guatemala, no hay una legislación específica exclusiva para la gestión de riesgos. Sin embargo, las empresas pueden incorporar prácticas de gestión de riesgos como parte de sus programas de cumplimiento normativo y adoptar enfoques basados en riesgos para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos en sus operaciones.
¿Puede un cómplice ser condenado si decide retirarse antes de que se cometa el delito?
Si el cómplice decide retirarse antes de que el delito se cometa y toma medidas concretas para evitarlo, podría argumentar una exención de responsabilidad. La legislación guatemalteca considera esta situación.
¿Quiénes pueden solicitar un embargo en Guatemala?
En Guatemala, el derecho a solicitar un embargo lo tienen aquellos que tengan un título ejecutivo válido que acredite una deuda pendiente, como particulares, empresas, instituciones financieras y cualquier entidad que tenga una reclamación legítima contra el deudor.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en procesos legales familiares en Guatemala?
La participación de menores en procesos legales familiares en Guatemala se aborda considerando su interés superior. Se pueden designar representantes legales o se permite la participación directa en casos específicos, asegurando su voz en decisiones que los afecten.
¿Qué responsabilidades tienen las juntas directivas en relación con el cumplimiento normativo en Guatemala?
Las juntas directivas en Guatemala tienen la responsabilidad de supervisar y garantizar el cumplimiento normativo en todas las operaciones de la empresa. Esto implica establecer políticas de cumplimiento, supervisar auditorías internas y externas, y asegurarse de que la empresa cumpla con leyes y regulaciones en todos los niveles.
¿Cómo se abordan las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las transacciones sospechosas relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala se abordan mediante la notificación y reporte a la Unidad de Análisis Financiero. Las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar cualquier actividad sospechosa, lo que desencadena investigaciones adicionales para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
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