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¿Cuál es la penalización para el delito de lavado de dinero en Guatemala?
El lavado de dinero en Guatemala puede estar sujeto a penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la ocultación o transformación de fondos ilícitos, protegiendo la integridad del sistema financiero y combatiendo la criminalidad.
¿Cuál es la legislación en Guatemala sobre la pensión alimenticia para hijos mayores de edad?
En Guatemala, los padres tienen la obligación de proporcionar pensión alimenticia a sus hijos hasta que cumplan los 21 años de edad o hasta que terminen su educación superior, lo que ocurra primero.
¿Qué sucede si un contribuyente no presenta una declaración de impuestos en Guatemala?
La falta de presentación de una declaración de impuestos en Guatemala puede resultar en sanciones y multas. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puede tomar medidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo la imposición de penalidades financieras.
¿Cómo influye el cumplimiento normativo en la gestión de riesgos empresariales para compañías guatemaltecas?
El cumplimiento normativo influye en la gestión de riesgos empresariales al establecer parámetros éticos y legales que ayudan a identificar y mitigar riesgos en compañías guatemaltecas. Cumplir con regulaciones reduce la exposición a riesgos legales y reputacionales.
¿Cuál es el proceso de registro de un contrato de arrendamiento en Guatemala?
En Guatemala, los contratos de arrendamiento no suelen requerir registro ante una autoridad pública. Sin embargo, es recomendable que las partes mantengan copias del contrato firmado y cumplan con sus obligaciones legales. En el caso de propiedades urbanas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puede requerir la presentación de contratos de arrendamiento para propósitos fiscales.
¿Qué medidas toman las autoridades para garantizar la competencia justa entre contratistas en Guatemala?
Las autoridades en Guatemala toman medidas para garantizar la competencia justa entre contratistas mediante la regulación de procesos de licitación, la promoción de la igualdad de condiciones, la prevención de prácticas anticompetitivas y la sanción de conductas que afecten la libre competencia. Estas acciones buscan asegurar un entorno equitativo para todos los participantes en la contratación pública.
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