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¿Qué derechos tienen las víctimas y testigos para acceder a expedientes judiciales en Guatemala?
Las víctimas y testigos tienen derechos para acceder a expedientes judiciales en Guatemala. Estos derechos están respaldados por las leyes que buscan proteger y respetar los intereses de las víctimas y testigos, permitiéndoles acceder a la información relevante para su participación en el proceso judicial.
¿Qué información debe incluirse en los informes de transacciones sospechosas en Guatemala?
Los informes deben contener detalles sobre la transacción y la identidad del cliente, entre otra información relevante para la actividad sospechosa.
¿Cuál es el papel de la complicidad en delitos de contrabando de armas en Guatemala?
El papel de la complicidad en delitos de contrabando de armas en Guatemala puede implicar medidas específicas para abordar esta amenaza a la seguridad. Las autoridades buscan prevenir y sancionar la complicidad en el contrabando de armas, fortaleciendo así los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de armamento.
¿Cuál es el proceso de debida diligencia para las empresas que operan en zonas francas o de libre comercio en Guatemala?
La debida diligencia implica la revisión de los beneficios fiscales y la verificación de que las operaciones cumplan con las regulaciones aduaneras.
¿Cómo afecta la evasión fiscal en los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala según las leyes vigentes?
La evasión fiscal puede afectar los antecedentes fiscales de las empresas en Guatemala, sujeto a las leyes fiscales vigentes. Puede resultar en sanciones, multas y consecuencias legales, lo que impacta negativamente en los antecedentes fiscales y la reputación de la empresa.
¿Cuál es el papel de la Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente en Guatemala?
La Comisión Nacional contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (CONALD) en Guatemala juega un papel fundamental en la supervisión y regulación de medidas contra el lavado de dinero relacionadas con personas expuestas políticamente. Esta entidad tiene la responsabilidad de coordinar esfuerzos interinstitucionales y promover políticas efectivas para prevenir y detectar el lavado de dinero, incluyendo la debida diligencia en clientes políticamente expuestos.
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