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¿Quiénes pueden solicitar un embargo en Guatemala?
En Guatemala, el derecho a solicitar un embargo lo tienen aquellos que tengan un título ejecutivo válido que acredite una deuda pendiente, como particulares, empresas, instituciones financieras y cualquier entidad que tenga una reclamación legítima contra el deudor.
¿Cuál es el marco legal que permite al Estado guatemalteco investigar y sancionar casos de incumplimiento de debida diligencia en el ámbito empresarial?
El marco legal otorga al Estado la autoridad para investigar y sancionar incumplimientos de debida diligencia, estableciendo penalidades proporcionales a la gravedad de las violaciones cometidas por las empresas.
¿Cómo se verifica la identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala?
La identidad de los testigos en procedimientos legales en Guatemala se verifica mediante la presentación de documentos de identificación válidos. Los testigos pueden ser llamados a declarar y deben identificarse adecuadamente antes de hacerlo.
¿Qué medidas de protección existen para los trabajadores que denuncian prácticas laborales ilegales en Guatemala?
En Guatemala, los trabajadores que denuncian prácticas laborales ilegales tienen derecho a protección legal. Las normas laborales prohíben la represalia o el despido de los trabajadores que denuncian violaciones de derechos laborales. Además, existen mecanismos de denuncia y protección que permiten a los trabajadores informar sobre irregularidades laborales sin temor a represalias.
¿Se requiere un depósito de seguridad en los contratos de arrendamiento en Guatemala?
En Guatemala, es común que los contratos de arrendamiento requieran un depósito de seguridad. Este depósito se utiliza para cubrir posibles daños a la propiedad o para compensar rentas no pagadas al final del contrato. El monto del depósito y las condiciones para su devolución deben estar especificados en el contrato.
¿Qué medidas se toman para prevenir y abordar prácticas de corrupción en el ámbito del cumplimiento normativo en Guatemala?
Las empresas guatemaltecas deben implementar políticas anti-corrupción, llevar a cabo capacitaciones, realizar auditorías internas y externas, y establecer canales de denuncia para prevenir y abordar la corrupción. Además, deben cumplir con la legislación anticorrupción existente.
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