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¿Qué papel juegan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?
Los abogados y notarios pueden desempeñar un papel importante al actuar como testigos o verificadores de la identidad de los clientes, especialmente en transacciones legales y notariales que requieren un alto grado de confiabilidad en la identificación de las partes involucradas.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de los contratos de venta en Guatemala?
Los contratos de venta en Guatemala pueden tener implicaciones fiscales, como el pago de impuestos sobre las ventas o el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en caso de ganancias por la venta de bienes. Las partes deben cumplir con las obligaciones fiscales aplicables.
¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?
Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.
¿Cómo se gestiona la debida diligencia en las transacciones inmobiliarias comerciales en Guatemala?
En transacciones inmobiliarias comerciales, se realizan investigaciones para garantizar la legalidad de la propiedad y prevenir posibles actividades ilícitas.
¿Cuál es el proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala y los trámites necesarios?
El proceso de solicitud de un permiso de trabajo para menores de edad en Guatemala implica presentar documentación específica, como constancias de estudios y autorización de los padres, ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Este trámite es esencial para permitir a los menores trabajar de manera legal.
¿Cuál es la legislación en Guatemala con respecto a la planificación familiar?
La planificación familiar en Guatemala es un derecho protegido por la ley. El acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva está garantizado por el Estado. Los servicios de planificación familiar son proporcionados de manera gratuita en instituciones de salud pública.
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