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¿Cuál es el propósito de sancionar a los contratistas en Guatemala?
El propósito de sancionar a contratistas en Guatemala es garantizar la integridad y transparencia en las contrataciones públicas y privadas. Las sanciones buscan desincentivar prácticas indebidas, promover la competencia justa, y proteger los intereses del Estado y la sociedad en general.
¿Cuál es el propósito principal del KYC en Guatemala?
El propósito principal del KYC en Guatemala es prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, asegurando que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes y la naturaleza de sus transacciones. También ayuda a proteger a los clientes de posibles fraudes y actividades ilegales.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?
Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.
¿Pueden los contratistas sancionados en Guatemala apelar las sanciones impuestas?
Sí, los contratistas sancionados en Guatemala tienen el derecho de apelar las sanciones impuestas en su contra. Esto implica presentar una apelación ante la entidad o agencia que impuso la sanción, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos. Si la apelación es desestimada, el contratista puede recurrir a instancias judiciales para buscar un recurso adicional.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la falta de escritura pública en un contrato de venta en Guatemala?
La falta de escritura pública en un contrato de venta en Guatemala puede afectar su validez y oponibilidad frente a terceros. La escritura pública otorga mayor seguridad jurídica y es especialmente relevante en transacciones de bienes inmuebles.
¿Cuáles son las opciones de residencia para guatemaltecos que han sido víctimas de trata de personas en España?
Las víctimas de trata de personas tienen derechos y opciones de residencia en España. Pueden acogerse a medidas de protección y solicitar la residencia temporal o permanente, siempre y cuando colaboren en la investigación y proceso judicial contra los tratantes.
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