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¿Cómo se regula el embargo de bienes en Guatemala en casos de deudas fiscales?
El embargo de bienes en Guatemala por deudas fiscales se rige por la normativa tributaria del país. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tiene la facultad de llevar a cabo embargos como parte de la ejecución de obligaciones fiscales. La Ley de Actualización Tributaria y sus reglamentos establecen los procedimientos y criterios para el embargo de bienes en casos de deudas fiscales.
¿Qué regulaciones específicas se aplican a la debida diligencia en el sector de la energía renovable en Guatemala?
Las empresas de energía renovable deben cumplir con regulaciones relacionadas con la generación de energía sostenible.
¿Puede un ciudadano guatemalteco cambiar su fotografía en el DPI?
Sí, un ciudadano guatemalteco puede solicitar la actualización de su fotografía en el DPI. Este proceso se realiza a través del Registro Nacional de las Personas (RENAP), donde se deben seguir los pasos y requisitos específicos para la renovación de la imagen.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de normativas AML en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.
¿Cómo se regula legalmente la adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han superado situaciones de adicción y han estado en procesos de rehabilitación?
La adopción de menores en Guatemala por parte de personas que han superado situaciones de adicción y han estado en procesos de rehabilitación se regula legalmente. Se evalúa la estabilidad del proceso de rehabilitación y la capacidad de los adoptantes para brindar un entorno familiar seguro y de apoyo.
¿Cómo se fomenta la cooperación entre el sector público y privado para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero en Guatemala?
La cooperación entre el sector público y privado es fomentada en Guatemala para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero. Esto implica la colaboración activa entre instituciones gubernamentales, entidades financieras y otros actores del sector privado para compartir información y desarrollar estrategias eficaces contra estas prácticas ilícitas.
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