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¿Cuáles son las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala?
Las leyes principales relacionadas con AML en Guatemala incluyen la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su reglamento, que establecen los marcos legales para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
¿Cómo afecta el incumplimiento fiscal a la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala?
El incumplimiento fiscal puede tener un impacto negativo en la capacidad crediticia de un contribuyente en Guatemala. Los antecedentes de incumplimiento pueden ser evaluados por instituciones financieras al considerar la concesión de créditos. Mantener una buena reputación fiscal es crucial para preservar la capacidad crediticia y acceder a financiamiento en condiciones favorables.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia económica en el ámbito familiar en Guatemala?
La violencia económica en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente a través de denuncias y solicitudes de medidas de protección. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia.
¿Cuáles son los trámites necesarios para inscribir una ONG (Organización No Gubernamental) en Guatemala?
La inscripción de una ONG en Guatemala implica trámites como la presentación de estatutos, documentos de constitución, registros contables, y la solicitud de reconocimiento de personería jurídica ante el Registro de la Propiedad de Guatemala. La Ley de Asociaciones y Fundaciones sin Fines de Lucro regula estos procedimientos.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cómo se gestionan los antecedentes judiciales de menores en Guatemala?
Los antecedentes judiciales de menores en Guatemala están protegidos por disposiciones legales específicas. La gestión de estos antecedentes se realiza considerando la confidencialidad y el interés superior del menor. Las autoridades judiciales están encargadas de custodiar y gestionar estos registros, asegurando que solo se divulguen de acuerdo con la normativa establecida y en situaciones legalmente autorizadas.
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