Artículos recomendados
¿Puede un deudor negociar un acuerdo de pago durante un proceso de embargo en Guatemala?
Sí, un deudor puede negociar un acuerdo de pago con el acreedor durante un proceso de embargo en Guatemala. Llegar a un acuerdo puede ser beneficioso para ambas partes y evitar la subasta de bienes. Sin embargo, el acuerdo debe ser aprobado por el tribunal y debe cumplir con los requisitos legales.
¿Cómo se aborda la capacitación del personal en instituciones financieras según la legislación AML guatemalteca?
Las instituciones financieras deben proporcionar capacitación regular a su personal para cumplir con los requisitos establecidos en las normativas AML.
¿Cuál es el proceso de registro de una empresa en Guatemala en relación con los antecedentes fiscales?
El proceso de registro de una empresa en Guatemala implica cumplir con requisitos fiscales, entre otros. Esto incluye la inscripción en la SAT y la obtención del Registro de Información Fiscal (RIF). Cumplir con estos requisitos es esencial para establecer buenos antecedentes fiscales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?
En organizaciones sin fines de lucro en Guatemala, las verificaciones de antecedentes son importantes para garantizar la integridad de aquellos que trabajan en beneficio de la comunidad. Estas verificaciones pueden incluir revisión de historial laboral, antecedentes penales y referencias para evaluar la idoneidad del personal.
¿Cuáles son las obligaciones de las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales en la supervisión de contratistas en Guatemala?
Las organizaciones no gubernamentales en Guatemala pueden desempeñar un papel clave en la supervisión de contratistas al monitorear la ejecución de proyectos, promover la transparencia, informar sobre posibles irregularidades y abogar por prácticas éticas. Su participación contribuye a fortalecer la supervisión y rendición de cuentas en el sector de la construcción.
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