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¿Cómo se definen los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Los criterios de riesgo en la evaluación de operaciones se definen considerando factores como el tipo de cliente, la naturaleza de la relación comercial, el producto o servicio ofrecido y la ubicación geográfica. Estos criterios ayudan a las instituciones a identificar y priorizar operaciones de alto riesgo.
¿La legislación AML guatemalteca solo se aplica a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
¿Cuál es el propósito del Documento Personal de Identificación (DPI) en Guatemala?
El DPI en Guatemala tiene como propósito principal identificar de manera única a cada ciudadano, proporcionando información clave como nombre, fotografía, fecha de nacimiento y número único de identificación. Este documento es esencial para realizar trámites y participar en diversas actividades cotidianas.
¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la rehabilitación de individuos con antecedentes judiciales?
Guatemala no cuenta con una política de rehabilitación específica para individuos con antecedentes judiciales, pero existen programas y organizaciones que ofrecen apoyo a la reintegración de personas con antecedentes al mercado laboral y la sociedad. La reinserción social es un aspecto importante en el sistema de justicia.
¿Cuál es el enfoque legal para la adopción de menores con necesidades médicas especiales en Guatemala?
El enfoque legal para la adopción de menores con necesidades médicas especiales en Guatemala implica evaluar la capacidad de los adoptantes para proporcionar el cuidado necesario. Se busca garantizar que el entorno familiar sea adecuado para satisfacer las necesidades médicas del niño y promover su bienestar.
¿Cómo se regulan los contratos de venta en subasta en Guatemala?
Los contratos de venta en subasta en Guatemala pueden regirse por regulaciones específicas que establezcan las condiciones de participación, el procedimiento de la subasta y los derechos y obligaciones de las partes. Estas regulaciones pueden asegurar la transparencia y equidad en el proceso de subasta, protegiendo los intereses de compradores y vendedores.
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