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¿Cuál es el proceso de notificación de terminación de un contrato de arrendamiento en Guatemala en caso de incumplimiento?
El proceso de notificación de terminación de un contrato de arrendamiento en Guatemala en caso de incumplimiento debe seguir los términos establecidos en el contrato. Por lo general, implica notificar a la parte incumplidora sobre la violación, otorgar un período de tiempo para corregir el incumplimiento y, en última instancia, proceder con la terminación del contrato si la situación no se resuelve.
¿Qué instituciones y entidades están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML en Guatemala?
En Guatemala, diversas instituciones financieras, incluyendo bancos, sociedades financieras, y casas de cambio, así como otras entidades como agentes y corredores de bienes raíces, están obligadas a cumplir con las regulaciones de AML.
¿Qué sanciones se aplican en caso de falsificación de documentos de identidad en Guatemala?
La falsificación de documentos de identidad en Guatemala puede conllevar sanciones penales, como multas o prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción y las circunstancias. Además, el documento falso puede ser confiscado, y se pueden emprender acciones legales contra el infractor.
¿Cuál es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos en España en caso de enfrentar procesos de deportación?
Los guatemaltecos enfrentando procesos de deportación tienen derechos, como el derecho a ser informados de las razones de la deportación y a presentar alegaciones en su defensa. También tienen el derecho a buscar asesoramiento legal para impugnar la deportación.
¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?
Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.
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