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¿Cómo se verifica la debida diligencia en el sector de la construcción en Guatemala?
Las empresas de construcción deben evaluar a sus socios comerciales y garantizar que cumplen con las regulaciones de seguridad y ambientales.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de conciliación en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de conciliación se regula legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y promover un ambiente familiar estable y saludable para el menor.
¿Cuál es el rol del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en la debida diligencia de proyectos de construcción en Guatemala?
El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realiza la debida diligencia en proyectos de construcción al garantizar que cumplan con normativas, contribuyendo a la seguridad y legalidad de las obras.
¿Existen expedientes judiciales electrónicos en Guatemala?
La implementación de expedientes judiciales electrónicos en Guatemala puede variar, y es posible que algunas jurisdicciones o instancias judiciales hayan adoptado sistemas electrónicos para la gestión de expedientes. La transición a expedientes electrónicos busca mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la información judicial.
¿Qué sucede si una persona no tiene un DPI en Guatemala?
El DPI es un documento obligatorio para los ciudadanos guatemaltecos, y la falta de este documento puede tener diversas implicaciones. Puede dificultar la realización de trámites, participación en elecciones, acceso a servicios gubernamentales y más. Se alienta a todos los ciudadanos a obtener su DPI y mantenerlo actualizado para evitar inconvenientes.
¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?
La competencia justa entre contratistas en Guatemala se promueve a través de procesos de licitación abiertos y transparentes. Estos procesos permiten a múltiples contratistas competir en igualdad de condiciones por proyectos y contratos. Las autoridades también pueden establecer políticas que fomenten la participación de diversos proveedores y eviten prácticas monopolísticas, contribuyendo así a una competencia justa.
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