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¿Cuál es la legislación en Guatemala con respecto a la planificación familiar?
La planificación familiar en Guatemala es un derecho protegido por la ley. El acceso a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva está garantizado por el Estado. Los servicios de planificación familiar son proporcionados de manera gratuita en instituciones de salud pública.
¿Qué mecanismos existen para garantizar la accesibilidad de los expedientes judiciales a personas con discapacidad en Guatemala?
En Guatemala, se deben implementar mecanismos para garantizar la accesibilidad de los expedientes judiciales a personas con discapacidad. Esto puede incluir la provisión de versiones en formatos accesibles, como braille o documentos sonoros.
¿Cómo se determina la moneda de pago en un contrato de venta internacional en Guatemala?
La determinación de la moneda de pago en un contrato de venta internacional en Guatemala suele ser parte de la negociación entre las partes. Pueden acordar el uso de la moneda local o una moneda extranjera, y este detalle debe especificarse claramente en el contrato.
¿Los antecedentes judiciales de un individuo en Guatemala pueden ser compartidos con otros países?
Los antecedentes judiciales de un individuo en Guatemala pueden ser compartidos con otros países en ciertas circunstancias, especialmente en casos de extradición o cuando se requiere información legal en el extranjero. Sin embargo, esto generalmente se realiza de acuerdo con tratados internacionales y leyes específicas.
¿Cuáles son las penas por el delito de cohecho en Guatemala?
El cohecho en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el ofrecimiento, entrega o recepción de sobornos, protegiendo la integridad y la imparcialidad en las transacciones y decisiones oficiales.
¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?
La competencia justa entre contratistas en Guatemala se promueve a través de procesos de licitación transparentes y abiertos a la participación de múltiples empresas. Las autoridades gubernamentales establecen reglas claras, fomentan la igualdad de condiciones y evitan prácticas que puedan distorsionar la competencia. Esto asegura que los contratistas compitan en igualdad de condiciones.
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